Las externalidades ambientales del transporte empiezan a estar en el punto de mira de la Comisión Europea y se empiezan a plantear tasas verdes a la actividad de transporte. Y es que varios estados miembro podrían hacer mucho más en el ámbito de la fiscalidad ambiental, de acuerdo con los análisis de la Comisión Europea publicado el jueves.

La Comisión publicó el análisis de las finanzas todos los estados miembros, salvo Grecia, en el primer paso del proceso de supervisión fiscal semestre europeo para 2015, que culminará con recomendaciones a cada país miembro en mayo.

El objetivo es hacer cumplir las normas presupuestarias de la UE y promover el crecimiento. Pero las recomendaciones del llamado Semestre Europeo también suelen llamar a los estados miembros a cambiar los impuestos a las actividades contaminantes. A la Comisión le gustan los impuestos ambientales, ya que los ve como menos perjudiciales para el crecimiento que los impuestos laborales o sobre las rentas del trabajo.

La fiscalidad ambiental por países

Ya se ha sabido que Austria y Bélgica podrían utilizar los impuestos medioambientales para fomentar el avance hacia sus objetivos climáticos 2020 (acuerdos compartidos con el resto de países y que, por ejemplo, en Almería se recogen en el Pacto de Alcaldes suscrito por la casi totalidad de municipios que igualmente están comprometidos a cumplirlos), de acuerdo con las declaraciones  los informes sobre estos países.

En relación con España y Bélgica, la Comisión dijo que el bajo precio actual del petróleo ofreció una oportunidad para reformar los impuestos energéticos. Bélgica podría re-evaluar su bajo impuesto al diésel y al combustible para la calefacción.

En España, “la fiscalidad energética parece estar infrautilizada como fuente de ingresos favorable al crecimiento, especialmente en el contexto de la caída de los precios del combustible que han supuesto una importante erosión a los incentivos para hacer un uso eficiente de la energía“.

Bélgica cuenta con uno de los impuestos ambientales más bajos en la UE y su sistema fiscal “contiene algunos subsidios fiscales perjudiciales para el medio ambiente que envían señales sobre los precios equivocadas en cuanto al impacto ambiental de las actividades y el comportamiento“, donde se incluye, por ejemplo, el tratamiento fiscal favorable para los coches de empresa.

La evidencia sugiere que las disposiciones fiscales actuales de Bulgaria “no pueden ser un incentivo adecuado para reducir la contaminación del aire o para reducir los residuos y aumentar el reciclaje“.

“La correcta aplicación de los impuestos ambientales existentes basados ​​en” el que contamina paga “incluso sobre las fuentes de contaminación del aire, vertido y la energía podrían ayudar a cambiar el comportamiento del contribuyente y contribuir al logro de los objetivos ambientales“, dijo la Comisión en su informe sobre Bulgaria.

La República Checa también está fallando en proporcionar incentivos fiscales suficientes para un comportamiento ecológico en el área de gestión de residuos.

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Dinamarca tiene uno de los porcentajes del PIB procedente de ingresos tributarios relacionados con la conservación del medio ambiente en la UE. Pero las emisiones del transporte por carretera per cápita también se encuentran entre las más altas de la UE. La Comisión interpreta esto en el sentido de que los derechos especiales de baja corriente y altas tarifas de registro para los coches están socavando los objetivos medioambientales mediante un desincentivo para la compra de coches nuevos, más eficientes.

Francia recauda uno de los niveles mas bajos de impuestos de origen ambiental, pero las nuevas medidas que entraron en vigor en 2014, incluyendo un impuesto sobre el CO2 de los productos energéticos e impuestos especiales sobre el gasóleo más altos. Además el llamado “impuesto sobre pesticidas”  francés se aplicará de modo que “no ofrece ningún incentivo para los usuarios de los plaguicidas en cuanto a reducir su uso“.

El diseño actual de los impuestos ambientales en Polonia “no proporciona un conjunto coherente de incentivos para el uso eficiente de la energía y de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero“. Las tasas de impuestos sobre los productos energéticos son relativamente bajos y fiscalidad de los vehículos no se basa en las emisiones de CO2, a pesar de la tendencia en el resto de la UE.

Sin duda queda mucho por recorrer, y no parece que España destaque ni por liderar la aplicación de impuestos “verdes” ni por estar muy alejado de la media de aplicación en Europa, si bien es cierto que se observa una tendencia a impulsar este tipo de fiscalidad, máxime a la vista de estas recomendaciones desde la Comisión Europea.

En Andalucía, la fallida Ley Andaluza de Movilidad Sostenible contenía propuestas en materia de fiscalidad ambiental relacionada con el uso del transporte y la creación y funcionamiento de los llamados “centros generadores de movilidad” precisamente uno de los aspectos que mayor discusión generaba entre los ex-socios de gobierno IU y PSOE, con posturas distantes en cuanto a la conveniencia de aplicar estas medidas, en favor de las cuales se posicionaba la Consejería de Fomento, impulsora de dicha propuesta. Lo que queda claro es que bien por iniciativa propia, bien por imposición desde la Comisión Europea, tarde o temprano la fiscalidad del transporte será un asunto a abordar.

@juanjoamate

Texto original en ingles recibido desde Programme Manager Energy – Transport & Environment (T&E)