Ya hemos comentado muchas veces que la bicicleta está de moda, lo que unido a la crisis está convirtiendo a este vehículo en algo cotidiano en nuestras calles que cada vez es más usado en los desplazamientos, más allá del ámbito deportivo al que se ceñía su uso casi exclusivamente hasta no hace mucho en nuestro país. Y esto no ha hecho más que empezar. Pero esa moda, ese auge, y esas posibilidades de futuro, están empezando a despertar los intereses y recelos de ciertos sectores que hasta no hace mucho ignoraban por completo la bicicleta, y que ahora en algunos casos la han descubierto como una fuente de ingresos, y en otros como una amenaza a su poder. Decimos esto, porque pensamos que es clave para entender los movimientos de la DGT y su reforma del Reglamento de Circulación.

En los últimos días, y ante los movimientos de los colectivos de ciclistas, hemos visto retratarse al otro frente, el que defiende el casco obligatorio y otras medidas restrictivas sobre el uso de la bici, que hasta ahora había tenido una posición más bien discreta. ¿Quiénes están detrás? Para empezar las aseguradoras, cuya presencia en el debate se puede llegar a entender. Pero es mucho más llamativo el posicionamiento de la más variopinta lista de organizaciones que a priori no tienen nada que ver con la bici, como las organizaciones de automovilistas, las autoescuelas, las constructoras, las petroleras, y en general todo el mundo del coche y por tanto, del concepto tradicional de movilidad. Curioso ¿no? Los que no creen en modos de transporte alternativos y, sobre todo sostenibles, se alzan ahora como los mayores defensores de los ciclistas, pidiendo que para su seguridad se les obligue a ponerse el casco. Cuánto repentino cariño ¿desinteresado?

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Detrás de esos movimientos la jugada parece clara. Primero se impone el uso del casco, debilitando mortalmente un movimiento que en España apenas ha acabado de nacer, dinamitando los sistemas de alquiler de bicicletas públicos y dando un manto de oficialidad a la idea de que usar la bicicleta es peligroso. De paso, empezamos a comercializar seguros para bicicletas, que casualmente (que ya es mucha casualidad) empiezan a aparecer estos días comercializados por algunos de los mayores defensores de la obligatoriedad. Empezamos a trasladar la idea de que las bicicletas necesitan un seguro. Y empieza a calar el discurso de que las bicis deben ser consideradas como si fueran un vehículo a motor con todo lo que ello conlleva: seguro, permiso de circulación, impuesto de circulación, etc, etc.

La jugada es maestra. Las aseguradoras obtienen su parte del pastel, que es lo que van buscando. Y de paso, los automovilistas y toda su industria frenan en seco cualquier movimiento que ponga en peligro su posición predominante en la carretera y las calles. Algunos, en un ataque de soberbia del que se sabe intocable, incluso se permiten el lujo de oponerse con socarronería al concepto de pacificación de las calles, alertando de los atascos que provocaría reducir la velocidad en las vías urbanas, posición que en cualquier país serio sería descartada por absurda e incluso provocaría un escándalo social.

Parece claro que la DGT está rendida a sus pies. Ya se le pueden mostrar informes y análisis que reflejan las experiencias de los escasísimos países del mundo que han aprobado medidas tan restrictivas, ya se les pueden presentar miles de firmas, ya se pueden movilizar todas las grandes ciudades del país en contra, o ya puede quedarse solo el partido en el Gobierno. Las últimas adhesiones y movimientos reflejan que la determinación es total y que se maniobra para gestionar su ‘victoria’.

Enfrente, algunos fabricantes de bicicletas (¿por qué los demás no se han pronunciado?), las ciudades con sistema público de alquiler (que suman ya 11 millones de habitantes) y la plataforma que agrupa a las asociaciones de ciclistas de toda España, Conbici. Hasta el momento han centrado sus movimientos en recoger firmas, campañas más o menos llamativas como la de pedir asilo ciclista en las embajadas de la UE, y presentar contrarréplicas a los informes de los lobbys del coche, pero no parece que se haya conseguido mover ni un milímetro el posicionamiento de la DGT.

El frente probici  hasta el momento parece haber puesto todas las velas en la parte política, llegando a pedir la destitución de María Seguí, la directora general de Tráfico, decidida a pasar a la historia, aunque sea por dar la estocada mortal al mundo de la bici dejando a España como una isla dentro de la Unión Europea, y llevando la máxima «que se hable de mí aunque sea para mal» a su mayor esplendor. Pero los colectivos y plataformas no parecen darse cuenta de que Seguí no deja de ser el brazo ejecutor de todo el lobby que tiene detrás, que son empresas, y por tanto, vulnerables a las protestas de sus clientes. Y todos, o la gran mayoría de los probici, somos clientes de esas aseguradoras y esas organizaciones que piden que se legisle contra la bici. ¿A qué estamos esperando? ¿A que se apruebe la norma para manifestar nuestro descontento por la posición de las empresas de las que somos clientes? No hay nada más difícil de gestionar para una empresa que miles de clientes molestos, que se lo digan a los anunciantes de Telecinco.

Tampoco el mismo mundo de la bici parece estar unido ante estas cuestiones. Entre los ciclistas hay dos visiones de este tema, no hay más que darse una vuelta por los foros y redes sociales para ver que los más encarnizados defensores de la obligatoriedad son también ciclistas. En este terreno se ha fallado estrepitosamente. No se ha hecho pedagogía. Por ejemplo, algún ex deportista de élite se ha mostrado en contra de la medida, pero echamos en falta muchas más adhesiones de rostros conocidos, aficionados a la bici urbana, que los hay y muchos, y una gran difusión de esas posturas y sus razones. ¿Un video? ¿Una campaña publicitaria potente?

Hablando de pedagogía, queremos llamar la atención sobre el posicionamiento de las asociaciones de víctimas de accidentes. Nos chirría mucho ese alineamiento junto a los lobbys antibici. Queremos pensar que ese apoyo a la obligatoriedad se hace con la mejor intención, pero que les ha faltado información y conocer los argumentos en contra de esa medida. Conbici les ha respondido a través de una nota impecable, pero a lo mejor con un diálogo directo las cosas se entienden mejor.

La señora Seguí y sus amigos, parecen preferir contados ciclistas en las calles pero ‘protegidos’, a un uso masivo de la bici sin casco como ocurre en el resto de Europa. No hay que ser muy listo para ver intereses económicos detrás de esa simpleza y contra eso solo caben datos económicos y utilizar los únicos argumentos que entienden. Pongamos euros sobre la mesa. Por ejemplo, ¿nadie ha explicado al todopoderoso sector turístico el impacto que tendrá la obligación del casco en los sistemas públicos de alquiler y que les afectará directamente? ¿Qué tiene que decir el sector turístico ante una norma inédita en Europa y con la que se encontrarán muchos turistas cuando lleguen a España? No pensamos que muchos turistas vengan con un casco en la maleta, y no les vemos poniéndose cascos usados de alquiler de buen grado. ¿Cuánto dinero mueve el turismo ciclista en las ciudades? ¿Cuántos empleos genera? ¿Cuántos empleos mantienen los sistemas públicos de alquiler y están en peligro por la cabezonería de la DGT? ¿Cuánto dinero mueven los fabricantes y las tiendas de la bicicleta urbana? ¿No hay forma de unir a todas las empresas vinculadas de una manera u otra a este sector para hacer un frente común? ¿Nadie ha hecho un cálculo de los empleos que están en juego con esta norma? «Es la economía ¡estúpido!», que diría Bill Clinton.

@juvaldivia